Personas
adultas mayores, dignidad, derechos y discriminación
(Parte2)
Autora. Ana Luisa Nerio Monroy
30 de septiembre de 2013
La discriminación impide,
obstaculiza o restringe el goce y ejercicio de los derechos humanos; se le
considera un eje transversal, es decir que permea o atraviesa por todos los
derechos, para entender el por qué la población, sujeta a diversas condiciones,
características o situaciones, no puede hacer efectivos sus derechos. La
discriminación por edad avanzada es una de las más comunes a nivel mundial y
nuestro país no es la excepción. La discriminación hacia las personas adultas
mayores es un problema arraigado culturalmente en la sociedad y en nuestros
tiempos se acentúa debido, entre otras posibles causas, a la tendencia a sobrevalorar
la juventud y el concepto de belleza. Lo que es joven es bello y viceversa. La
juventud se equipara con bienestar, la salud, poder y productividad. En
contrario sensu, la vejez se asimila con el declive, la enfermedad, la pérdida
de capacidades físicas, económicas y productivas.
En materia de discriminación
hacia las personas adultas mayores, la encuesta Nacional de Discriminación 2010
(ENADIS 2010) del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) indica
que 27.9 por ciento de las personas mayores de 60 años han sentido alguna vez
que sus derechos no han sido respetados por su edad. En el caso del Distrito
Federal, entidad con el mayor
porcentaje de personas mayores de 60 años, La Encuesta sobre Discriminación en
la Ciudad de México (EDIS-CdMx 2013) del Consejo para Prevenir y Eliminar la
Discriminación en la Ciudad de México (Copred) revela que el 7 por ciento de la
población encuestada considera que la edad avanzada es una de las principales
causas de discriminación; el 83 por ciento dice que sí se discrimina a las
personas adultas mayores; de los 40 grupos de población discriminados en la
Ciudad de México, las personas adultas mayores ocupan el quinto lugar.
A pesar de que uno imaginaría que en
un país con tanto apego o los ideales de la “familia unida”, las personas
adultas mayores son objeto de violencia, discriminación y exclusión social. El
primer espacio en donde muchas personas adultas mayores son maltratadas física,
económica y emocionalmente, es la familia. El
Instituto Nacional de Geriatría señala que (http://www.geriatria.salud.gob.mx/descargas/FS_VIOLENCIA_MALTRATO.pdf)
de diversos estudios revisados uno indica que en 2006, se estimó una prevalencia de
violencia contra personas adultos mayores de 16.2 por ciento para la Ciudad de
México. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los
Hogares, realizada en 2011, revela que 17.8 por ciento de las mujeres con 60 y
más años de edad habían sufrido al menos un tipo de violencia en los últimos
doce meses por parte de su pareja actual. Una de las graves formas de violencia contra las personas
adultas mayores en la económica que en algunos casos implica el despojo de sus
pertenencias, incluyendo sus viviendas.
Por supuesto existe la violencia
estructural en donde ubicamos a todo este sistema económico, social y político
en el que las personas adultas mayores son: 1) De acuerdo a su capacidad de
consumo, potenciales clientes o “nichos de mercado” para productos variados que
van desde lugares de entretenimiento hasta productos para el cuidado de la salud;
2) Usuarios de servicios públicos y privados en lo que, nuevamente, dependiendo
del ingreso que poseen o hayan acumulado, son vistos como clientes o
beneficiarios en una lógica asistencialista; 3) Potenciales votantes.
A manera de guía, la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) cuenta con “Los Principios de las Naciones Unidas en favor de
las personas de edad” aprobados mediante la resolución 46/91 de la Asamblea
General del 16 de diciembre de 1991. Estos principios, si bien no son
vinculantes, sirven de referencia sobre los mínimos que deben realizar los
Estados a favor de su población adulta mayor para que: tengan acceso a
alimentación, agua, vivienda, vestuario y atención de salud adecuados; la oportunidad de trabajar o de tener acceso a otras
oportunidades de generar ingresos; acceso a programas educativos y de formación
adecuados; la posibilidad de vivir en entornos seguros; permanecer
integradas en la sociedad, participar activamente en la formulación y la
aplicación de las políticas que afecten directamente a su bienestar y poder
compartir sus conocimientos y pericias con las generaciones más jóvenes;
disfrutar de los cuidados y la protección de la familia y la comunidad; acceso a
servicios de atención de salud que les ayuden a mantener o recuperar un nivel óptimo
de bienestar físico, mental y emocional; acceso a servicios sociales y jurídicos que les
aseguren mayores niveles de autonomía, protección y cuidado; disfrutar de sus
derechos humanos y libertades fundamentales cuando residan en hogares o
instituciones donde se les brinden cuidados o tratamiento, con pleno respeto de
su dignidad, creencias, necesidades e intimidad; poder vivir
con dignidad y seguridad y verse libres de explotación y de malos tratos
físicos o mentales; recibir un trato digno, independientemente de la edad,
sexo, raza o procedencia étnica, discapacidad u otras condiciones, y han de ser
valoradas independientemente de su contribución económica.
Al mismo
tiempo es necesario insistir en la responsabilidad que como sociedad tenemos en promover el respeto y cuidado de las personas adultas mayores. Reeducarnos,
educar y formar a las nuevas generaciones en el reconocimiento de los saberes
de las personas adultas mayores, revalorar sus experiencias y recordarnos que
todas y todos envejeceremos.
@aluisanerio
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