Censura y autocensura: el derecho a la
libertad de expresión en México
28 de marzo de 2015
Autora: Ana Luisa Nerio Monroy
Los derechos a la libertad de
expresión y a recibir información están reconocidos en diversos instrumentos
internacionales de derechos humanos: Declaración Universal de Derechos Humanos
(Art. 19), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 19),
Convención Americana de Derechos Humanos (Art. 13). Estos derechos han sido
defendidos a lo largo de la historia por su importancia para la construcción de
sociedades más democráticas, justas y equitativas. Como parte de un ejercicio
profesional, están ligados a quienes ejercen labores de comunicación y
periodismo.
Las y los periodistas y
comunicadores (en adelante me referiré indistintamente a comunicador o periodista,
por economía en la escritura), son uno de los gremios más vulnerables en
nuestro país. La organización internacional Reporteros Sin Fronteras calificó a
México, a fines del 2014, como el país más peligroso de América Latina para
ejercer el periodismo. Los 81 asesinatos de periodistas registrados de enero de
2001 a septiembre de 2014 dan cuenta de ello. Durante el sexenio del presidente
Felipe Calderón la situación para las y los periodistas ya era muy complicada y
de gran peligro pero los datos actuales indican que las cosas están empeorando.
Una posible diferencia es la manera que se está callando a algunas voces
mediante la censura, y las diversas estrategias que llevan al comunicador/a la
autocensura a partir de infundirle miedo, del chantaje (incluyendo asuntos de
la esfera personal o vida privada) o del cierre de opciones para un ejercicio
libre del periodismo y la comunicación.
La inacción de las autoridades
permite que los ataques se realicen sin que nadie sea investigado, juzgado y
castigado por ello. La falta de investigación y castigo a quienes agreden a
periodistas tiene, entre otros efectos, la autocensura. Muchos periodistas han
bajado su perfil o dejaron de publicar. Bajo tal situación pueden encontrarse
los estados de Chihuahua y Tamaulipas, mencionados en el informe “Estado de
Censura” (https://es.scribd.com/doc/259296791/Estado-de-censura-Informe-2014-sobre-violencia-contra-la-prensa)
de la organización Artículo 19 y presentado el pasado 24 de marzo. Fue tal el
ataque que las y los periodistas recibieron por parte del crimen organizado
durante la llamada durante el sexenio pasado que en lo que va de la actual
administración, la denuncia de agresiones ha bajado, no porque éstas no
existan, sino porque se ha dejado de difundir información ante el temor de las
represalias de los grupos delictivos establecidos en esas entidades.
La organización Artículo 19 señala
que durante los dos primeros años del gobierno del presidente Enrique Peña
Nieto las agresiones contra las y los periodistas se han incrementado un 80 por
ciento. Mientras que 54 periodistas fueron asesinados durante el periodo 2006-2012,
en los dos primeros años de la administración del presidente Peña Nieto ya van
nueve, entre éstos Gregorio Jiménez Cruz, el décimo primer periodista asesinado
durante el gobierno de Javier Duarte en Veracruz, y el quinto durante lo que va de la presidencia de Enrique
Peña Nieto.
Las agresiones contra periodistas
pueden ser de distintos tipos. En 2014 Artículo 19 documentó 326 agresiones en
total; entre éstas 142 fueron de tipo físico/material; 53 actos de
intimidación/presión; 45 detenciones arbitrarias; 44 amenazas; 2 actos de criminalización;
2 desapariciones; 12 ataques cibernéticos, 6 asesinatos; 14 hostigamientos
judiciales; 1 desplazamiento; 5 actos de difamación o calumnia. Estas
agresiones son perpetradas generalmente por dos grandes grupos: el crimen
organizado y el propio Estado (políticos y servidores públicos). Los medios
impresos son lo que con mayor frecuencia reciben ataques, (48.7 por ciento),
aunque los medios digitales no se salvan (28.8 por ciento) y cada vez se
presentan más actos de agresión contra éstos. De los periodistas agredidos
el 16 por ciento labora en
radio y televisión y 13.4 por ciento son comunicadores independientes y
defensores de derechos humanos agredidos cuando realizaban labor de
documentación durante actos de protesta social.
Sobre los medios digitales vale la
pena señalar que se han convertido en una alternativa importante para poder
difundir información de manera más independiente y crítica, lo que al mismo
tiempo ha hecho que se conviertan en foco de ataques como los “ciber ataques” y
los “hackeos” por ejemplo. Por su parte las redes sociales ayudan a difundir
información de manera muy rápida, pero también son medios para atacar,
desacreditar y agredir a los periodistas.
El incremento considerable de
agresiones a mujeres comunicadoras es uno de los temas a destacar del informe
de Artículo 19. A pesar de que el informe no entra al análisis sobre las causas
de este aumento, sí nos obliga a preguntarnos qué está pasando. ¿Hay más
mujeres periodistas? ¿Hay más mujeres periodistas publicando contenidos que
afectan los intereses de alguien en particular? o ¿Están denunciando más las
agresiones que reciben? Durante la administración calderonista 192 mujeres
sufrieron alguna agresión por su ejercicio profesional, un promedio de 32 al
año. En contraste, en sólo dos años del gobierno del presidente Enrique Peña
Nieto, se han presentado 122 agresiones.
Entre 2006 y 2012, Veracruz, Oaxaca,
Distrito Federal, Chihuahua, Tamaulipas, eran los cinco estados con el mayor
número de agresiones a periodistas. Para 2014 el orden está de la siguiente
manera: Distrito Federal, Veracruz, Quintana Roo, Guerrero y Oaxaca. En el Distrito
Federal las agresiones contra comunicadores aumentaron sobre todo en eventos o
manifestaciones públicas de protesta, asunto sobre el que hay que colocar un
foco rojo ya que esto va muy ligado a la tendencia a criminalizar la protesta
social y a controlar los espacios públicos, limitando el derecho de la
población a manifestarse de manera libre y pacífica. Esta tendencia ha ido
acompañada de la creación de legislaciones que pretender “regular” los actos
públicos de protesta; atentando contra los derechos de la población a la
manifestación pacífica, la reunión, la circulación y la protesta social.
Si bien existe el andamiaje legal
para proteger a las y los periodistas (la Fiscalía Especial para la Atención de
Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), el Mecanismo
de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas de la
Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH),
éste ha resultado inoperante, ineficiente e insuficiente. La impunidad sigue
siendo la regla. No hay acceso a la justicia para las y los periodistas
víctimas de agresiones.
En el caso de Mecanismos de
protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, hay que
recordar que no ha podido operar de manera adecuada. Entre otras razones para
esta inefectividad está la falta de presupuesto, los cambios en el personal que
lo encabezan, la falta de metodologías adecuadas para realizar los análisis de
riesgo, su incapacidad para prevenir actos que ponen en peligro a las y los
periodistas, la falta de recursos humanos y materiales para reaccionar cuando
ya existe una agresión, y en general, por la falta de voluntad política.
A todo esto hay que sumar además que quienes se
supone, deben estar para servir a la ciudadanía y proteger a la población,
agreden a los comunicadores. Los casos en los que los servidores públicos hacen
un uso prepotente de su posición de poder abundan. Amenazan al periodista que
los encuentra en una situación incómoda o que descubre un acto ilegal. La
impunidad alcanza además a familiares, amigos y socios a quienes el político o
servidor público defienden con enorme celo. Este fue el caso del periodista
yucateco Edwin Canché quien fue víctima de tortura, detención arbitraria y de
toda clase de atropellos por las autoridades municipales, por publicar notas
criticándolas y haber tomado una
fotografía del sobrino de un alcalde quien había chocado y dañado propiedad
privada.
Finalmente no podemos cerrar los
ojos ante otro problema crucial cuando de la labor de periodistas y comunicadores
se trata. Un gran número de ellas y ellos
trabaja en condiciones laborales precarias, sin salarios, contratos,
prestaciones sociales, seguros médicos pensiones o jubilación. Las empresas
periodísticas o de comunicación pocas veces cuentan con la voluntad, los
conocimientos y los recursos para enfrentar situaciones de riesgo. Suele
subestimarse el nivel de riesgo. Esto crea otras vulnerabilidades que el gremio
debe revisar para generar las estrategias adecuadas de autoprotección y
respaldos de sus empleadores; sin por ello olvidar que la responsabilidad
primaria de la seguridad de cualquier ciudadano es del Estado.
@aluisanerio
