México reprobado en EPU 2013:Informe OSC

Derechos Humanos y EPU 2013: México reprobado

25 de agosto de 2013

Por: Ana Luisa Nerio Monroy

En el “Informe conjunto presentado por organizaciones de la sociedad civil mexicana,  para la segunda ronda del Examen Periódico Universal (EPU)”, cuya elaboración fue convocada y coordinada por la Red Nacional de Organismos Civiles "Todos los Derechos para Todas y Todos" REDTDT, se integraron los aportes de más de 20 organizaciones y varias otras redes El Informe presenta una revisión crítica del avance en el cumplimiento de las recomendaciones que el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas realizó en 2009. Una de las primeras cosas que señalan es la inexistencia de un mecanismo incluyente para dar seguimiento a las recomendaciones recibidas. En el capítulo sobre armonización legislativa destaca que a pesar de la reforma constitucional de derechos humanos de junio de 2011, no hay avances en la armonización de las constituciones locales; y la reforma laboral de noviembre de 2012 resulta preocupantemente regresiva, lo que a su vez afecta el derecho al trabajo digno y bien remunerado y las prestaciones sociales correlacionadas a este derecho. Cabe agregar que bajo el principio de interdependencia esta reforma laboral  afecta otros derechos humanos (abordados en el capítulo segundo, sobre “Pobreza y DESCA”) como la alimentación, la salud, la educación y la vivienda.

En materia de acceso a la justicia y la reforma judicial las organizaciones señalan que el sistema acusatorio apenas se ha implantado de manera total en 3 entidades; no existe acceso a la justicia y a la verdad para las más de 1 mil 235 mujeres víctimas del feminicidio y sus familias; el arraigo se mantiene y ahora es reconocido constitucionalmente, lo que multiplican las violaciones a derechos como el debido proceso, la integridad personal (se siguen presentando casos de tortura). Sobre el sistema penitenciario se ubican problemas como la sobrepoblación, el hacinamiento y la falta de recursos en las prisiones administradas por los gobiernos estatales. Un sólo dato daría motivo más que suficiente para que el Estado mexicano se sintiera avergonzado e hiciera algo: 40.33 por ciento de la población total en prisión se encuentra en espera de sentencia. 

La militarización de la seguridad pública ha multiplicado las violaciones a los derechos humanos. De diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió 7 mil 441 quejas sobre abusos a los derechos humanos cometidos por las fuerzas armadas. Mil 701 niñas, niños y adolescentes han sido víctimas mortales de esta espiral de violencia. Los abusos policiacos como los cometidos en el caso Atenco siguen impunes, al grado que las mujeres violadas y abusadas sexualmente durante ese operativo realizado en 2006 en el Estado de México, han decidido recurrir a instancias internacionales ante la falta de justicia e impunidad con la que han actuado las autoridades mexicanas.

No existen cifras oficiales sobre el número de víctimas de desaparición forzada. Datos sobre Chihuahua revelan que de 2008 a marzo de 2012, se interpusieron denuncias por 171 personas desaparecidas. El derecho a la consulta relacionado con los derechos a la tierra y territorio es uno de los derechos humanos violentados a los pueblos y comunidades indígenas. La realización de megaproyectos, presas, parques eólicos, hidroeléctricas, por citar algunos ejemplos, han implicado que muchos pueblos sean desplazados; y aquellos que se defienden son reprimidos o criminalizados.

Es claro que ningún informe puede abarcar todos los temas y todas las violaciones a los derechos humanos; este es además un informe centrado en las recomendaciones que a partir del EPU se realizaron al Estado mexicano. Sin embargo, será importante que a este tipo de esfuerzos se sumen otras agendas que por supuesto están relacionadas. Por ejemplo, los derechos de las personas Lésbico, Gay Transexual, Travesti, Transexual e Intersex (LGBTTTI) no están mencionadas y sabemos que en materia de acceso a la justicia, salud, derechos labores, entre otros, son un grupo discriminado y excluido. Algo parecido pasa con las personas con discapacidad y las personas adultas mayores poco visibilizadas en este tipo de informes generales. Las violaciones a los derechos de juventudes e infancia son mencionadas en varios apartados y en un capítulo específico pero sin duda será necesario abundar en estas temáticas. A lo largo del texto y de manera implícita en muchos de los puntos abordados por las organizaciones se revelan las recomendaciones que se esperaría pudiera hacer el Consejo de Derechos Humanos, sin embargo sería de mucha utilidad contar con un apartado final que las compilara.

Sistematizar y sintetizar información para ponerla en palabras concretas que reflejen una realidad compleja es un esfuerzo importante; asimismo lo es coordinar a organizaciones civiles con distintas agendas, limitados recursos económicos y humanos y cargas de trabajo fuertes. En este informe no se brinda un panorama exhaustivo de la situación de los derechos humanos en México sino un balance general sobre los resultados del Estado frente al EPU. Vale la pena su revisión y el lector interesado encontrará en la notas al pie de página datos e información complementaria de gran valor. Un “plus” de la publicación es que ya se encuentra una versión traducida al inglés, lo que puede facilitar su difusión entre otros públicos.

La lectura del informe, que se suma a otros realizados por algunas otras OSC´s, y a los informes realizados para otros mecanismos regionales e internacionales relacionados con los derechos humanos, arrojan un resultado preocupante: México está reprobado. No se trata de desconocer los avances (faltaba más que no los hubiera en nada) pero en asuntos estructurales y partiendo de las recomendaciones hechas a México por el EPU u otros mecanismos, o tomando como indicador el cumplimiento de sentencias internacionales como las cinco que tiene México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los resultados son muy pobres.

Para consultar el informe pueden ir a la página de la REDTDT www.redtdt.org.mx en la sección informes y publicaciones.

@aluisanerio 

El trabajo de la sociedad civil y su impacto en la creación del Copred

El trabajo de la sociedad civil y su impacto en la creación del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (Copred)

18 de agosto de 2013

por Ana Luisa Nerio Monroy

En la base de prácticamente cualquier violación a los derechos humanos se encuentra la discriminación. Dar un trato diferenciado que limite, restrinja o impida el goce o ejercicio de un derecho humano a razón del color de piel, el sexo, género, preferencia sexual, la pertenecía étnica, la clase social, el nivel de ingreso, religión, ideas políticas etcétera, constituyen hoy en día formas de violar el derecho a no ser discriminado. La discriminación es un problema cultural y por ello su eliminación es una tarea compleja y a largo plazo que ha requerido de la creación de instituciones públicas enfocadas a prevenirla y eliminarla. La historia de los derechos humanos ha demostrado que las diversas instituciones generadas para su vigilancia y protección no son generosas concesiones de quienes ostentan el poder político. Gran parte del andamiaje legal e institucional que existe, es resultado de las exigencias y trabajo de los pueblos por medio de los movimientos sociales, los grupos académicos y de la sociedad civil organizada.

Actualmente la Ciudad de México cuenta con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred). Pocos saben o recuerdan que desde 2006 ya existía este Consejo, pero el organismo de entonces era en realidad, como muchos consejos creados por los gobiernos, poco operativo y efectivo. Fue el trabajo y el impulso que diversas organizaciones de la sociedad civil realizaron, lo que permitió no sólo una modificación legislativa sino la creación de una nueva ley contra la discriminación y un nuevo Consejo. Cabe resaltar que el proceso del Diagnóstico y Programa del Distrito Federal (2007-2010) fue en su momento la base más importante para que se revisara la situación de los derechos humanos en la ciudad y las políticas públicas aplicadas.

I.              El primer Copred

El Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Distrito Federal (el Consejo o Copred), fue creado mediante la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación del Distrito Federal (decreto del 19 de julio de 2006) e instalado el 30 de octubre del 2006 por el entonces Jefe de Gobierno, Lic. Alejandro Encinas Rodríguez. El Copred tenía como objetivo definir el diseño e implementación de las políticas públicas, programas y acciones específicas, tanto en el ámbito social como de las instituciones públicas, así como su vigilancia y evaluación, con la finalidad de promover y vigilar el respeto del derecho humano a la no discriminación.

Con una composición interinstitucional y colegiada tenía como función promover y vigilar el respeto al derecho humano a la no discriminación; contaba con la Presidencia a cargo del Jefe de Gobierno; un representante de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF); el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF); el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF); y los titulares de las diversas  Secretarías del GDF.

Además incluía la participación honorífica de representantes de la sociedad civil, con voz pero sin voto para la toma de decisiones la Dra. Marcela Lagarde de los Ríos, académica y ex legisladora; el C. Pedro González Gómez, integrante de la Asamblea de Migrantes Indígenas de la Ciudad de México A. C.; la Lic. Rosalinda Ávila Selvas, Feminista, promotora del reconocimiento e igualdad del derecho a la diversidad familiar, Federico Fleishman Loredo, Presidente Fundador de Libre Acceso A. C. y el Dr. Miguel Concha Malo, Director del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C.

Es de destacarse la participación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), en calidad de invitado permanente, pues a pesar de sólo contar con voz, realizó importantes aportes a las reflexiones y trabajos del Copred. La Secretaría Técnica (ST), responsable de las tareas operativas, quedó a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso). 

II. Un Consejo limitado

El Copred carecía de autonomía y de capacidad para sancionar, por lo que ante la presentación de denuncias por casos de discriminación, canalizaba a los peticionarios a la CDHDF o al Conapred. El Copred pudo asumir de manera limitada sus tareas pues no había infraestructura adecuada ni recursos económicos y humanos para lograr el impacto que en un inicio se pensó que un organismo como este podría tener.

A pesar de que en el DF la discriminación es un obstáculo real para el goce y ejercicio de los derechos humanos, el primer Copred no logró cobrar la fuerza necesaria para operar de manera regular y efectiva. Al paso de los meses y los años el Copred perdió visibilidad y en muchas ocasiones faltó claridad en el rumbo a seguir. La Sedeso cambió en tres ocasiones, en menos de 4 años, a las áreas responsables de la ST. Durante 2007, Pablo Yanez Rizo, fue el responsable de la ST, tiempo durante el cual se realizaron: una audiencia pública en materia de discriminación; una propuesta de reforma a la ley contra la discriminación del DF; una encuesta sobre actos de discriminación entre las y los servidores públicos cuyos resultados fueron informados al Consejo pero no se difundieron entre la ciudadanía; y se elaboró una propuesta para aplicar una encuesta sobre discriminación a la población del Distrito Federal para la que se realizaron gestiones con el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional de México (UNAM), sin concretarse ningún acuerdo. Con excepción del borrador de propuesta de reforma a la ley contra la discriminación, las actividades realizadas en este periodo no tuvieron seguimiento. La ST pasó a la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social del Distrito Federal (DGIDS), dirigida en ese periodo por la Lic. Martha Patricia Patiño, quien intentó dar mayor sistematización y continuidad al proceso pero a su salida de esta institución, nuevamente el Copred perdió rumbo.

III. El Grupo de Trabajo del Copred

Cabe señalar que desde la creación del Consejo fue necesario formar un Grupo de Trabajo del Copred (GT) que elaborará documentos y propuestas que facilitaran la toma de decisiones de los consejeros y dieran pautas de trabajo a la ST. En este GT la sociedad civil tuvo un papel fundamental para mantener los trabajos del Consejo y debe reconocerse que una de las organizaciones que se mantuvieron constantes y con trabajo propositivo y sustantivo fue el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P” A.C. El Copred y el GT trabajaron bajo condiciones precarias y si bien existen actas de las sesiones del Consejo y versiones estenográficas de éstas, gran parte de la memoria de este proceso se perdió debido a la falta de minutas de las sesiones del GT.

En el Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal publicado en mayo de 2008 y posteriormente en el Programa de Derechos Humanos del DF, presentado en agosto de 2009, se señalaban los obstáculos y algunos de los retos que en materia de discriminación existían (y aún existen) en la Ciudad, entre los que se indicaba que el Consejo no era funcional; que no había claridad sobre su naturaleza jurídica, competencias y atribuciones; que incumplía la Ley al no sesionar de manera mensual; que era necesario que los invitados permanentes de la sociedad civil tuvieran voz y voto para en verdad ciudadanizar al Consejo, y que no existía estructura (física y humana), ni presupuesto suficiente y adecuado que le diera continuidad al trabajo.

IV. Retomando el rumbo

En 2009 el Consejo dejó de sesionar por varios meses hasta que la ST quedó a cargo de la Dirección Jurídica de la Sedeso, con el Lic. Alejandro Gil González como responsable. Con Alejandro Gil y su equipo de colaboradores se intentó dar impulso a los trabajos del Copred y en particular al GT para lograr concretar la reforma a la ley contra la discriminación. Después de retomar reflexiones que venían desde 2006 se acordó elaborar una nueva Ley, asunto que el GT tomó como prioridad de trabajo durante 2009 y parte de 2010. Cabe destacar que tanto representantes de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), como de la sociedad civil (nuevamente destacamos el papel del Centro Vitoria), insistieron en la adopción de varias de las recomendaciones del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (PDHDF) en los contenidos de la nueva propuesta de Ley.

Debido a que ni la Sedeso ni el Copred tenían facultad para presentar iniciativas de ley, el borrador del Grupo de Trabajo fue presentado para su consideración por el Lic. Martí Batres a la Comisión de Gobierno de la ALDF esperando que ésta lo retomara y turnara a la Comisión pertinente. La propuesta fue recuperada por la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF, que a su vez ya había iniciado trabajos para una nueva Ley. La suma de esfuerzos y el trabajo de incidencia legislativa de varias organizaciones, rindieron frutos cuando la iniciativa fue aprobada en diciembre de 2010. 

V. Nueva Ley y nuevo Copred

El 24 de febrero de 2011 fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el decreto por el que entró en vigor la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Distrito Federal. La ley crea al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México como un organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social. El Consejo tiene como mandato emitir los lineamientos generales de políticas públicas en la materia de combate a la discriminación en el DF su coordinación interinstitucional. Estará integrado por una Presidencia, cuyo nombramiento está a cargo del Jefe de Gobierno del Distrito Federal; de una Junta de Gobierno, formada por la Presidencia del Consejo y representantes del GDF y de la sociedad civil quienes cuentan con voz y voto; y de la Asamblea Consultiva que será un órgano de opinión y asesoría de las acciones, políticas, programas y proyectos que desarrolle el Consejo.

Debido al retraso de varios meses en el nombramiento de la persona que ocuparía la Presidencia del Consejo, (el Copred simplemente no había sido instalado; existía en el papel pero no operaba), el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C, se dio a la tarea de insistir con el Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard en dicho nombramiento. Se elaboró una carta a la que se sumaron las organizaciones Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), Deca, Equipo Pueblo, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Fundar, Propuesta Cívica y la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM). El Jefe de Gobierno mostró apertura para discutir el asunto y nombró como su interlocutor al Lic. Juan José García Ochoa, Subsecretario de Gobierno, por medio de quien se propusieron algunas candidaturas ciudadanas, pensando en un perfil que conociera del enfoque de derechos humanos. Un criterio importante fue que la persona seleccionada preferentemente fuera una mujer, pues las organizaciones consideraban que en el balance de quienes ocupaban cargos públicos de alto nivel había un déficit de mujeres.

En el mes de octubre de 211, Jacqueline L´Hoist, una de las candidatas propuesta por las organizaciones civiles señaladas, a las que se sumaron posteriormente algunas otras, fue nombrada Presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México. La presentación pública y a medios de comunicación de este nombramiento y de la instalación del Copred se realizó el 13 de diciembre de 2011.

Desde su instalación el Copred se ha enfrentado a diversos retos que van desde la constitución de un organismo nuevo hasta la realización de las tareas sustantivas que contribuyan a la prevención y eliminación de la discriminación en el Distrito Federal. La tarea no es sencilla y los resultados deberán ser progresivos. En la revisión y evaluación de tales resultados, es nuevamente la sociedad civil quien seguramente jugará un papel fundamental.

Sí, la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal y su Consejo son en gran medida un resultado exitoso del trabajo de diversos actores, entre los que destacan las organizaciones de la sociedad civil. Así que cuando les pregunten o se pregunten qué hacen  las y los defensores de derechos humanos o las OSC o las ONG´s, aquí tienen un ejemplo. Trabajan, cuestionan, exigen, proponen, impulsan y dan resultados.

Ana Luisa Nerio Monroy

@luisanerio