Derechos de la infancia y Examen Periódico Universal
14 de septiembre de 2013
Por: Ana Luisa Nerio Monroy
Reconocer a las niñas, niños y adolescentes como sujetos
de derechos y no como meros receptores de las decisiones tomadas por los
adultos, implica un cambio de paradigma sobre el cómo se conciben los derechos
de la infancia. Es común que personas servidoras públicas e inclusive la
ciudadanía, exprese con grandilocuencia que la “la infancia es el futuro de
México”, sin que ello se refleje en políticas públicas, legislación y acciones
que garanticen una vida digna, plena y libre de violencia, a las más de 39 mil
niñas, niños y adolescentes que forman parte de la población del país.
En 1995 un grupo de organizaciones comenzaron a articularse
para trabajar a favor de los derechos de niñas y niños en el país y en 2001
surge la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM), coalición que hoy cuenta
con 75 organizaciones. La REDIM elaboró el “Informe sobre los derechos de
niñas, niños y adolescentes en México. Segundo ciclo del Examen Periódico
Universal, México 2013” en que de manera sintética brindan un panorama de cómo
se encuentra los derechos de niña, niños y adolescentes, quienes, en conjunto,
representan el 34.9 por ciento de la población total del país. Como otros
informes elaborados para el Examen Periódico Universal al que es sometido cada
cuatro años nuestro país, este documento brinda información relacionada con las
recomendaciones que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU realizó al Estado
mexicano. No abarca todos los derechos ni todas las violaciones a las que se
enfrenta la infancia en nuestro país, pero sí nos centra en algunos de los
problemas estructurales que hay que resolver.
Aunque México es Estado parte de la Convención de los
Derechos del Niño, del Protocolo Facultativo sobre la participación de niños en
conflictos armados y del Protocolo Facultativo sobre la venta de niños, la
prostitución infantil y la utilización de niños en pornografía, no así del
Tercer Protocolo Facultativo relativo a un procedimiento de comunicación, que
resulta de gran relevancia ya que permitiría que las niñas, niños y adolescentes
y sus representantes sean quienes realicen directamente denuncias ante el
Comité de los Derechos del Niño sobre violaciones a sus derechos. El Protocolo
promueve tres de los principios básicos de la Convención: participación
infantil, interés superior del niño y no discriminación. Además, con este Protocolo
las quejas o denuncias recibidas por el Comité de expertos le permitirían emitir
recomendaciones sin que sea necesario esperar los 5 años de presentación de los
informes del país. La REDIM recomienda al Estado Mexicano ratificar dicho
Protocolo.
Una de los obstáculos más
importante para que niñas, niños y adolescentes gocen de sus derechos es la
falta de mecanismos adecuados y funcionales de coordinación entre los
diferentes órdenes de gobierno responsables de garantizar los derechos de la
infancia y por ello se propone crear una Ley
General para la Garantía de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que
coordine a las diferentes instancias relacionadas con los derechos de este
grupo de la población (salud y educación, por ejemplo) y en los tres niveles: federal,
estatal y municipal. Esta Ley deberá crear un Sistema Nacional que a diferencia
de lo que ahora es el DIF, reconozca a niñas, niños y adolescentes como sujetos
de derechos y no como objetos de asistencia.
La REDIM ha realizado una amplia
labor de investigación y sistematización de información sobre los efectos en la
vida de niñas, niños y adolescentes, de la estrategia contra el crimen
organizado y la delincuencia, de los últimos 7 años. En el informe para el EPU
se indica que desde 2005, 1 mil 701 niñas, niños y adolescentes han muerto a
causa de sucesos relacionados con el crimen organizado. Datos de 2012 revelan
que siete de cada diez homicidios contra
adolescentes de 15 a 17 años de edad, ocurren por arma de fuego. No existen
datos oficiales desagregados sobre el número de niñas, niños y adolescentes
heridos, detenidos o asesinados, por lo que se exige al Estado contar con esta
información y desarrollar una estrategia integral para proteger a este grupo de
la población contra cualquier tipo de violencia.
El embarazo en niñas y
adolescentes es otra de las graves violaciones a los derechos humanos de este
grupo de la población y refleja la ausencia o ineficacia de políticas públicas
educativas y de salud, que prevengan estos embarazos que ponen en riesgo la
salud, vida y proyecto de vida de miles de niñas. Seis de cada diez mujeres de
15 a 17 años son madres. En 2010 11 mil 682 niñas de entre 10 y 14 años de edad
registraron un hijo, de éstas 244 eran niñas de 10 años de edad.
Respecto a la infancia migrante
el Informe sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes ante el EPU
elaborado por la REDIM indica que “no se cuenta con una política pública
integral ni la institucionalidad necesaria para garantizar los derechos de la
infancia involucrada en el fenómeno migratorio”. No existen acciones para
atender a las niñas, niños y adolescentes repatriados de los Estados Unidos y se
hace muy poco con el tema de la separación de las familias.
El informe contiene una lista de
recomendaciones al Estado mexicano para que éste cumpla con su deber de
proteger y garantizar los derechos de la infancia. Para conocer más del trabajo de la REDIM y tener acceso a
sus informes y comunicados recomiendo consultar su página: www.derechosinfancia.org.mx
@aluisanerio
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