13 años clamando justicia para un
Ángel: Militarización y derechos de la infancia
17 de septiembre de 2013
Por: Ana Luisa Nerio Monroy
Este 17 de septiembre de 2013 se
cumplen trece años del incidente por el cual Ángel Díaz Cruz, un niño de 9 años
perdió la vida a causa de la explosión de un artefacto que confundió con un
juguete. Ángel salió aquel día a recolectar hongos comestibles junto a su amigo
Ricardo López Hernández de 11 años. Con el supuesto “juguete” en las manos, los
niños regresaban a su casa y en el camino se encontraron con otro joven, José
Leonardo López Hernández (18 años). Sin saber que se trataba de un proyectil de
mortero, los chicos iban jugando con éste y al caerse explotó, ocasionando la
muerte de Ángel y heridas graves a Ricardo y José. Todo esto ocurrió en el municipio
del “El Aguaje” ubicado en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. El municipio
colinda con un campo de tiro del ejército mexicano, para precisar, con la 31
Zona Militar.
Casos como este nos recuerda,
guardando las debidas proporciones, los miles de muertes y mutilaciones
sufridas por personas y particularmente por niñas y niños en diferentes países
del mundo a causa de las “minas antipersonal”, objetos creados con formas y
colores atractivos que hacen presa fácil a quienes las confunden con juguetes o
que debido a que se encuentran ocultas entre la tierra y hierba, son accionadas
por el paso de las personas. La instalación de minas antipersonal se considera
una de las prácticas más reprobables de cualquier guerra ya que su ubicación y
desactivación resulta muy compleja y costosa. El que el descuido de militares
mexicanos dejara un artefacto de este tipo al alcance de población civil es una
violación grave de los derechos humanos. Este tipo de artefacto es además muy
atractivo para niñas y niños, colocándolos como principales víctimas. Por ello,
el Estado Mexicano violentó entre otros instrumentos internacionales, la
Convención de los Derechos del Niño y la Niña. El Estado mexicano incumple con su obligación de salvaguradar la vida, seguridad e integridad física de todas las niñas, niños y adolescentes.
Esta tragedia se dio en medio del
contexto de militarización de la entidad y de la presencia de bases del
ejército en zonas habitadas por pueblos y comunidades indígenas. En el momento
de la investigación, el caso fue trasladado de la Procuraduría de Justicia
Estatal a la Procuraduría General de la República por tratarse de armas de uso
exclusivo del ejército. Posteriormente el caso fue trasladado a la justicia
militar donde ha quedado impune. El Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé
de Las Casas” (Frayba) ha documentado durante estos años el caso y al no encontrar vías
jurídicas en el ámbito nacional para obtener justicia para las víctimas y sus
familias, recurrieron a instancias internacionales. El pasado 16 de agosto, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), notificó al Frayba la admisibilidad
de la petición conocida como “El Aguaje” Caso 12.915.
Será importante mantenernos al tanto de lo que resuelva la CIDH y
seguir exigiendo: que los casos vinculados con violaciones a los derechos de población civil no sean resueltos dentro de la justicia militar; el cumplimiento de las recomendaciones hechas al Estado mexicano por diversos mecanismos internacionales en materia de desmilitarización de zonas habitadas por pueblos y comunidades indígenas; así como insistir en obtener ¡Justicia para Ángel!
@aluisanerio
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