Oaxaca y los Derechos Humanos ante el
Examen Periódico Universal
8 de julio 2013
Un conjunto de organizaciones de la
sociedad civil elaboraron el trabajo “Los derechos Humanos en Oaxaca 2009-2013.
Informe Ciudadano: Una Deuda Pendiente” (en adelante el Informe) en el cual dan
cuenta de la situación de los derechos humanos del estado de Oaxaca. El informe
responde también a varios de los ejes de las recomendaciones que el Consejo de
Derechos Humanos de Naciones Unidas dirigió al estado Mexicano con Motivo del
Examen Periódico Universal (EPU). Debe destacarse que pocas entidades cuentan
con un documento de este tipo, elaborado por ciudadanos y con un enfoque de
derechos humanos; que con su lectura sencilla y sintética, nos brinden un
panorama general de la complejidad política y social de un estado lleno de
contrastes.
Nadie duda de la riqueza natural y
cultural de Oaxaca, sin embargo es una de las entidades con los índices de
pobreza, marginación, conflictividad social y violencia más altos en el país.
El Informe señala que aunque en el
periodo analizado hubo avances legislativos, éstos no se reflejaron en las políticas públicas aplicadas por las
autoridades. En los 30 artículos de la constitución oaxaqueña que se
modificaron falta lenguaje de derechos humanos;
se creó una Fiscalía de Investigación en Delitos de Trascendencia Social cuya
tarea principal es esclarecer crímenes
políticos. Los avances de la Fiscalía sólo se observan en casos que involucran
a extranjeros como Brad Will y Jyry
Jakkola. En el informe se cuestiona el proceso poco participativo por medio del
cual se está elaborando un Diagnóstico de Derechos Humanos por parte de la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Respecto a las agresiones a personas
defensoras de derechos humanos y periodistas el Informe es contundente: Oaxaca
ocupa el primer lugar a nivel nacional en materia de ataques a personas defensoras.
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca no dispone de
criterios para emitir medidas acautelares y tampoco tiene presupuesto y
personal para responder a una necesidad de protección. La impunidad es la
constante frente a agresiones contra personas defensoras y periodistas. Las
mujeres defensoras sufren ataques que atentan contra su cuerpo y a sus roles de
madres. Destaca que “ninguna de las agresiones en contra de mujeres defensoras
denunciadas en 2012 han sido sancionadas, pese a que en algunas ocasiones los
agresores han sido señalados”.
Las personas, pueblos y comunidades
indígenas son quienes presentan mayores índices de pobreza y marginación. Son
también los más discriminados en el acceso a la justicia, por lo que las
violaciones a sus los derechos humanos se han incrementado en los pasados
cuatro años. La realización de mega proyectos como la Hidroeléctrica Paso de la
Reina afecta a comunidades indígenas ya que “violentan derechos colectivos,
desplazan poblaciones y destruyen bienes comunes”.
La Ley de Protección de Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes (2006) no garantiza plenamente los derechos de
este grupo de la población. El Foro Oaxaqueño de la Niñez realizó una consulta
con los siguientes resultados: el 40 por ciento de los niños y niñas
consultados reportaron que la alimentación que reciben es insuficiente y de
baja calidad; 4 por ciento reconoció
haber padecido hambre; y más del 80 por ciento consume alimentos “chatarra” que
generan problemas de malnutrición como la anemia y la obesidad. El derecho a la
educación está muy violentado ya que no existe cobertura del 100 por ciento en
el nivel primaria y en el nivel preescolar alcanza apenas al 53 por ciento de
la población. Apenas el 38 por ciento de las y los jóvenes alcanza la educación media y superior.
Maltrato infantil, trata de personas y explotación sexual comercial son otras
violaciones cometidas contra menores de edad.
Organizaciones de derechos de las
mujeres han documentado 284 feminicidios en la entidad del 2008 al 2012. El mayor
problema es la falta de investigación y la impunidad. Oaxaca es una de las 16
entidades que protegen el derecho a la vida en la constitución, con lo que se
criminaliza el aborto y se niega el derecho a decidir de las mujeres en una
entidad en donde priva una cultura machista.
El gobierno criminaliza la protesta
social, particularmente aquella vinculada con la oposición a proyectos que
afectan los derechos al territorio y los recursos naturales; se descalifica a
los oponentes políticos.
En 2012 se documentaros 37 posibles
casos de tortura, práctica común en el estado, sobre la que hay sub-registro y
que generalmente queda impune. Hay detenciones arbitrarias como las ocurridas a
24 jóvenes del movimiento “Yo soy 132” (julio de 2012). Las ejecuciones
extrajudiciales y las desapariciones forzadas con otras violaciones mencionadas en este Informe ciudadano.
Sería difícil que un informe lograra
abarcar todos los derechos humanos y todos los grupos de población, sin embargo
quedan como pendientes temas como la situación de los derechos de grupos de
población como las personas Lésbico, Gay, Transsexual, Transgénero, Travesti e
Intersex (LGBTTTI) y sobre las personas con discapacidad y adultos mayores. Se
aborda poco la situación de los derechos de las juventudes, excepto cuando se
menciona el derecho a la educación y la criminalización del aborto; el derecho
a la información no es mencionado, tampoco el derecho a la salud y la
mortalidad materna, indicadores importantes para tener un panorama más completo
de la entidad.
Si se revisan las 91 recomendaciones
que mediante el Examen Periódico Universal el Consejo de Derechos Humanos
dirigió al estado Mexicano nos daremos cuenta que el cumplimiento de las 83
aceptadas es bastante deficiente. El Informe sobre Oaxaca es una lamentable
constatación de que si bien hay ciertos avances y esfuerzos, las violaciones a
los derechos humanos existen y afectan de manera preocupante a la población de
la entidad y del país. Oaxaca es sólo un ejemplo de lo que acontece a nivel
nacional. Por todo el territorio de la República se reproducen o se presentan
casos iguales o más dramáticos de pobreza, inequidad social, marginación,
violencia, violencia de género, impunidad, falta de acceso a la justicia y
discriminación de grupos en situación vulnerable como personas indígenas,
migrantes, niños y niñas, mujeres, defensores de derechos humanos y periodistas.
Difícilmente podrá salir bien librado el estado Mexicano de la nueva revisión a
la que será sometido en septiembre de este año. En este examen, como el
anterior México estará reprobado.
Ana Luisa Nerio Monroy@aluisanerio
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