México
y Chile: dos caminos frente al acoso laboral, la salud mental y el suicidio
Autora:
Ana Luisa Nerio Monroy[1]
Hablar
de suicidio en México es hablar de una herida social que sigue abierta. Las
cifras muestran que los jóvenes, especialmente los hombres, son quienes más se
quitan la vida. La mayoría lo hace en sus hogares y mediante ahorcamiento. Pero
detrás de esas estadísticas hay factores que rara vez se analizan con
profundidad: la violencia laboral y sexual, que minan la dignidad de las
personas y ponen en riesgo su salud mental.
México tiene un marco legal para enfrentar el acoso y hostigamiento sexual en el trabajo. La Ley Federal del Trabajo lo prohíbe y sanciona, mientras que la NOM-035-STPS-2018 obliga a identificar y prevenir riesgos psicosociales en los centros laborales. Además, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) cuenta con un Protocolo para prevenir, atender y sancionar la violencia laboral, que debe servir de guía a las empresas para establecer sus propios procedimientos.
Esto
significa que, en México, las personas víctimas de acoso laboral y sexual no
tienen que renunciar ni abandonar su empleo. Pueden reunir pruebas, elaborar un
informe de incidentes, acudir a apoyo psicológico y denunciar tanto en el
ámbito laboral (empresa, sindicato) como en instancias externas: PROFEDET,
Comisiones de Derechos Humanos, Ministerio Público o INMUJERES. La ley también
establece sanciones económicas a los patrones que toleren o faciliten estas
conductas.
El
contraste con Chile es revelador. Allá, la llamada Ley Karin apenas lleva un
año en vigor (el 1ro de agosto se conmemoró el primer año de su implementación).
Su origen fue trágico: el suicidio de Karin Salgado, una joven enfermera,
detonó la exigencia de contar con un protocolo nacional contra el acoso laboral
y sexual. Chile ha avanzado en normar lo que México ya tiene escrito en sus
leyes y protocolos. Sin embargo, hay una diferencia clave: mientras en Chile se
reconoce explícitamente el vínculo entre acoso y salud mental, en México aún
falta estudiar y visibilizar el impacto que el acoso laboral y sexual tiene en
el suicidio.
Las
estadísticas muestran que los hombres se suicidan más, lo cual se relaciona con
una masculinidad que prohíbe pedir ayuda y fomenta el silencio. Pero con las
mujeres ocurre algo diferente: aunque las cifras de suicidio son menores, el
acoso laboral y sexual golpea con fuerza sus vidas y su estabilidad emocional.
El problema es que ese vínculo está poco explorado y muchas veces
invisibilizado.
La
salud mental es un derecho humano, no un privilegio. México ya tiene leyes,
protocolos y sanciones, pero falta el paso más importante: reconocer que el
acoso laboral y sexual puede empujar a las personas al borde del suicidio.
Necesitamos datos, estudios y, sobre todo, voluntad política para poner este
tema en el centro de la agenda.
Chile
avanzó después de una tragedia. México tiene la oportunidad de adelantarse: de
usar su marco legal para prevenir, proteger y garantizar ambientes laborales
libres de violencia, antes de que más vidas se pierdan en silencio. Porque el
derecho a un entorno de trabajo digno y seguro no es opcional: es una cuestión
de vida o muerte.
[1] Maestra en RRII por la FCPyS de la UNAM
con estudios derechos humanos, no discriminación y
género. Tallerista y activista. Autora de “La No Maternidad Elegida. ¡Mujeres
que eligen no ser
madres y son felices!”, editado por Casa Bonsai (2023). Integrante del
Consejo Asesor del Comité
de Derechos Humanos Ajusco A.C. Opiniones a título personal. IG @nerio_analuisa
X:@aluisanerio
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